(Provea, 15.04.10). Ante el aumento de las señales que evidencian una progresiva militarización de la sociedad venezolana, el programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alerta sobre el aumento de las situaciones de riesgo para la vulneración de los derechos humanos, así como el progresivo debilitamiento de la democracia.
A comienzos del mes de abril el Primer Ministro de Rusia, Vladimir Putín, afirmó que las compras de armas a su país por parte del gobierno venezolano ya superaban los 5 mil millones de dólares. Según cifras del International Peace Research Institute (Sipri),
con sede en Estocolmo, el volumen de compras por parte de Venezuela lo ubicó durante el año 2008 en el puesto número 8 en la lista de los mayores importadores de armas a nivel mundial, y en el lugar 32 para el año 2009. El reciente anuncio de compra de armamento se realiza en un año en el cual el gobierno se ha estancado en su lucha contra la pobreza, por lo que la inversión bélica se realiza a costa de desmejorar posibles impulsos a las políticas que beneficien a los sectores más vulnerables del país. Este énfasis de lo militar sobre lo civil se reiteró en la Ley de Presupuesto 2010, en donde el Ministerio de Defensa es la séptima institución con mayor partida presupuestaria, recibiendo 60 veces más que lo destinado a los pueblos indígenas, 28 veces más que el Ministerio de la Mujer, 13 veces los recursos del Ministerio de Deportes, 10 veces lo destinado a la cultura y 3 veces más que el Ministerio de Alimentación. Si la cifra anunciada por el presidente Putín se hubiera destinado al sector viviendas, se hubiera podido construir 143.333 viviendas, lo cual representa casi la mitad de las casas construidas por el presidente Chávez en diez años. En la última década la adquisición de armamento ruso representa el 77.6% de las compras bélicas realizadas por Venezuela. Provea desea recordar que la industria armamentista estatal de la Federación Rusa ha sido señalada a nivel internacional, por diversas organizaciones sociales, como corresponsable de la violación de los derechos humanos en diferentes conflictos. Un ejemplo lo constituye la Guerra en Chechenia, en donde las armas rusas han ocasionado la muerte de, aproximadamente, 20% del total de su población.
Un segundo elemento lo constituye la reciente juramentación de 35 mil milicianos por parte del primer mandatario. Si bien dicha política tiene como argumento la defensa de la soberanía nacional, voceros del alto gobierno como el ministro del Poder
Popular para Obras Públicas y Vivienda y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declararon que dicha fuerza armada, cuya meta es ser integrada por 200 mil personas, tiene como uno de sus objetivos la confrontación con los sectores opositores al gobierno nacional, los cuales aspiran ser electos para la Asamblea Nacional. En este sentido Provea rechaza este tipo de declaraciones antidemocráticas, así como la instrumentalización política de los lamentables sucesos de abril del 2002. En consecuencia responsabiliza al gobierno nacional de la vulneración de la integridad física de los candidatos y candidatas no afiliados al PSUV.
En tercer lugar se encuentra la creación de las llamadas “guerrillas comunicacionales” por parte del Ministerio de Comunicación e Información. Provea deplora que una de las primeras acciones promovidas por la reciente ministra Tania Díaz sea contradictoria con el discurso a favor de la paz y el desarme de la sociedad venezolana. Asimismo respalda el análisis realizado por CECODAP acerca de la gravedad de la promoción de terminología bélica por parte del Ejecutivo Nacional entre niños, niñas y adolescentes. Reconocemos el derecho que tienen los adolescentes de opinar con sentido político, pero eso es distinto a involucrarlos en la desgastante polarización que tanto daño ha causado a la sociedad venezolana, motivándolos a enfrentar a quienes tengan opiniones críticas al gobierno.
Para Provea el discurso guerrerista inherente al militarismo es contradictorio con la democracia directa, participativa y protagónica, pues ese discurso impone la lógica de la obediencia ajena al debate democrático, además de otros valores como la xenofobia, la uniformización del pensamiento, la autoridad incontestable, la organización vertical y jerárquica, la diversidad como amenaza y el culto a las armas. Estas nociones son contraproducentes en un país azotado por la violencia cotidiana, donde por el contrario se requiere promover la paz, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.
Como organización de derechos humanos deploramos que sea el recurso de la polarización y la confrontación la estrategia privilegiada por los sectores oficialistas para la promoción de sus candidaturas a la Asamblea Nacional. Esta situación coloca en riesgo las garantías presentes en la Constitución, por lo que, una vez más, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que asuma con independencia su papel de resguardo de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas.
Asimismo, exhortamos a todos los sectores políticos del país a crear condiciones favorables para que el debate político se desarrolle en el marco de la tolerancia, la resolución de las diferencias por mecanismos democráticos y pacíficos, los cuales favorezcan la mayor participación de la ciudadanía en el próximo proceso electoral.
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Caracas, 15.04.10
www.derechos.org.ve
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